En cumplimiento de su deber legal de resguardar el patrimonio público y denunciar ante la justicia los hechos que pudiesen revestir carácter de delito de los cuales ha tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones, el alcalde de Salamanca, Carlos Lillo Álamos, presentó este martes una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Illapel.
La querella identifica tres grupos principales de hechos. Uno son las contrataciones a honorarios de personas que, de acuerdo con los antecedentes recopilados, no habrían prestado servicios reales para la Municipalidad de Salamanca. Otro refiere a posibles irregularidades en la transferencia de recursos municipales al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), relacionadas con proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), por un monto de $163.716.142. Y, finalmente, el hecho de incumplir el pago de cotizaciones previsionales y de salud de funcionarios del DAEM durante los años 2023 y 2024, pese a que dichos montos habrían sido descontados de las remuneraciones. Este hecho, que concentra la mayor parte del perjuicio económico denunciado, asciende a $1.190.077.973, deuda generada en un 98% durante el año 2024.
La querella solicita que la Fiscalía practique todas las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos, determinar si existieron delitos y establecer las eventuales responsabilidades penales que correspondan, las que, conforme al debido proceso, deberán ser resueltas exclusivamente por los tribunales de justicia.
Al respecto, el alcalde Carlos Lillo Álamos señaló:
«Como alcalde tengo el deber legal y ético de poner estos antecedentes en conocimiento de la justicia. Esta decisión no responde a intereses políticos ni personales; responde a la obligación de proteger los recursos que pertenecen a todos los habitantes de Salamanca. Cuando existen 1 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RRPP antecedentes suficientes que hacen necesario esclarecer hechos que podrían haber comprometido el patrimonio municipal, corresponde ponerlos en conocimiento de la justicia para que determine, conforme al debido proceso, si existió un perjuicio al patrimonio municipal por un monto superior a $1.450 millones de pesos, y si de tales hechos se derivan responsabilidades penales, que estas se hagan efectivas respecto de quienes resulten responsables. No corresponde mirar hacia otro lado, sino actuar con la responsabilidad, transparencia y apego a la ley que la comuna de Salamanca exige y merece.»
La acción judicial es patrocinada por el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, quien explicó que los antecedentes que sustentan la presentación
«provienen, entre otros, de informes de la Contraloría General de la República y de peritajes técnicos elaborados por especialistas independientes, los que contienen elementos suficientes para justificar la apertura de una investigación penal respecto de hechos que eventualmente podrían revestir carácter de delito».
El abogado agregó que «La probidad exige un ejercicio leal, honesto, eficiente y transparente de la función pública. Cuando ese estándar se vulnera por negligencia inexcusable, grave imprudencia o conductas dolosas, corresponde que intervenga la justicia penal para establecer responsabilidades.
Los antecedentes reunidos muestran hechos de distinta naturaleza, pero todos con un mismo denominador común: un eventual perjuicio de enorme magnitud para el patrimonio municipal y para cientos de funcionarios cuyos descuentos previsionales no habrían sido enterados». Corresponderá al Ministerio Público iniciar las diligencias investigativas que estime pertinentes, estableciendo quiénes participaron, cuál fue el destino de esos recursos y las responsabilidades penales que correspondan.
