La diputada por la región cuenta con el respaldo del Ejecutivo a través del Ministro de Energía, Diego Pardow. En lo medular, la iniciativa busca rebajar el cobro por el recargo de la tarifa eléctrica de horario punta y límite de invierno, para los Servicios Sanitarios Rurales.
Para la racionalización del consumo eléctrico, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de cada año, dada su alto nivel de demanda y costos, todos los clientes de suministro eléctrico ven en el pago de la cuenta mensual un aumento tarifario.
Este aumento “por horario punta” (18 a 22 hrs) y “límite de invierno” (calculo mensual que se realiza por el promedio del consumo de energía eléctrica entre el mes de octubre del año anterior a marzo del año en curso, incrementado en 20% y 350 kwh) afecta a todos los clientes de empresas distribuidoras del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), entre ellas los Comités o Cooperativas de Agua Potable Rural (APR) o Servicios Sanitarios Rurales (SSR).
Estas organizaciones comunitarias, sin embargo, no tienen fines de lucro. Por lo tanto, los sueldos a favor son destinados a la mejora de equipos, remuneraciones de personal, pago de insumos, entre otros, lo que implicaría un aumento en los costos de las APR o SSR, afectando su patrimonio y traspasando este aumento a los usuarios finales, en este caso, las familias campesinas.
En virtud de ese escenario que perjudica a los sectores rurales del país, la diputada por la región de Coquimbo presentó un proyecto de ley que busca evitar que este aumento legal se aplique a los Servicios Sanitarios Rurales. En particular, la moción parlamentaria busca agregar en el artículo 191 de la Ley General de Servicios Eléctricos, lo siguiente:
“En el caso de los Servicios Sanitarios Rurales regulados por la Ley N° 20.998, se les aplicará un descuento respecto de los cargos que se facturen por el precio de potencia de punta al que hace referencia el artículo 155° de esta ley. Dicho descuento se verá reflejado en la respectiva facturación, de acuerdo con el artículo 198° siguiente”.
El proyecto de ley, en esa adición, señala que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles deberá elaborar y mantener un catastro actualizado de Servicios Sanitarios Rurales, sea que estos sean operados por Cooperativas o por Comités. La Comisión Nacional de Energía mediante resolución exenta establecerá las reglas necesarias para la implementación y operación de lo dispuesto en este inciso”.
REACCIONES
La autora del proyecto señaló estar muy contenta de contar con el apoyo del gobierno ya que patrocinará la iniciativa para su pronta discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados.
“(el proyecto) le hace sentido al territorio de la ruralidad de nuestro país. Son entidades sin fines de lucro que evidentemente llevan un derecho humano (como el agua) a los sectores más rezagados. Este proyecto es de toda justicia”, destacó la diputada.
La representante del distrito 6 de la región de Coquimbo, la diputada Francisca Bello y coautora de la moción, relevó la importancia de que esta avance en su discusión al interior del Congreso.
“Con los diálogos que tuvimos con las APR, se permitió que este proyecto se robusteciera y se le diera espacio a las voces, que al final del día, son quienes sufren el alza de las tarifas y deben ser las primeras que se escuchen», comentó Bello.
Finalmente, quien se refirió a la iniciativa fue el secretario de Estado de la cartera de Energía, Diego Pardow, quien destacó el trabajo técnico ejecutado entre el gobierno y la diputada.
“Después de algunos meses de trabajo técnico, decidimos realizar este proyecto de ley, y en conjunto con la SEGPRES, buscaremos la manera de ponerle urgencia y despacharlo lo antes posible. No tengo la menor duda que tanto diputadas, diputados y senadores y senadoras apoyarán con su voto para aprobarlo rápidamente”. concluyó.
