La Mesa de Desarrollo Rural realizada en Ovalle contó con la presencia de dirigentes campesinos de las tres provincias, además de delegados presidenciales, diputados, alcaldes, cores, Seremis y el senador Daniel Núñez.
Dos importantes temáticas abordaron campesinos de las tres provincias de la Región de Coquimbo durante la primera Mesa Regional de Desarrollo Rural realizada en Ovalle.
Ambas inquietudes están relacionadas con la importancia del agua. La primera consiste en aplazar la obligatoriedad de inscribir los derechos que establece las modificaciones al Código de Aguas. La otra fue un categórico voto de rechazo al proyecto minero Dominga.
Luego de plantear la inquietud que aqueja a cientos de pequeños regantes que no han podido cumplir con los trámites establecidos en la nueva norma, los diputados y el senador Daniel Núñez, presentes en la instancia, junto a autoridades de Gobierno, alcaldes y Cores, se comprometieron a aportar en prontas gestiones.
“Dado que para los pequeños agricultores es un trámite que tiene un costo económico elevado, y si no están inscritos pueden perder su derecho, nos hemos comprometido a buscar una solución legal los diputados y yo como senador”, comentó Núñez.
La presidenta del Consejo Regional Campesino de la Región de Coquimbo, Leticia Ramírez, señaló que en la reunión
“nos avocamos principalmente hoy día a la afectación que se está provocando a las aguas en el catastro público, nosotros percibimos una cantidad importante de dificultades porque los campesinos no saben hacer el trámite y recurren a abogados, operadores, entonces los costos son muy altos”.
Voto político de rechazo a Dominga
En la última parte de la reunión, tanto las autoridades de Gobierno como políticos de derecha se retiraron del salón, ya que la mesa decidió realizar un debate y voto político de rechazo al proyecto minero Dominga. El pronunciamiento fue solicitado por una representante de la comuna de La Higuera.
“Es la posición de nosotros respecto a cómo se hacen las inversiones en el país, nosotros decimos que tiene que ser altamente respetuoso con el entorno del territorio y eso no se está dando, por lo tanto el voto político es para hacerle la observación al Estado, a los tomadores de decisiones de las inversiones, que son tremendamente invasivas en el territorio”, explicó Leticia Ramírez.
Por su parte, el consejero regional Javier Vega, declaró que
“este proyecto nefasto Dominga, que ha nacido desde la corrupción desde el primer Gobierno de Piñera, no puede ser validado por el Comité de Ministros, y es por eso que respaldo este voto político que se ha generado a partir de las propuestas ciudadanas de la Mesa Rural campesina”.
Finalmente, el senador Núñez puntualizó la votación mayoritaria de los campesinos de Elqui, Limarí y Choapa. “Es un rechazo del mundo rural al proyecto minero Dominga, que afecta a la comunidad de Los Choros, que rompe el acuífero que les permite sobrevivir, que contamina el borde costero, donde hay un ecosistema único, que perjudica a las comunidades de pescadores artesanales que viven de su actividad y que en general implica un daño en la calidad de vida por el polvo, la polución que genera este mega proyecto”.
Los diferentes actores de la jornada coincidieron en resaltar la importancia de agrupar nuevamente al mundo rural, luego de la larga postergación que habían vivido en los últimos años, por lo que la cita de Ovalle es considerada como un hito de reinicio de una instancia muy valorada entre las distintas comunidades.
Hoy día es muy importante este voto político que se ha dado, a partir de una propuesta de una integrante, delegada por La Higuera en la mesa rural campesina, se ha dejado ver la importancias de proteger los patrimonios naturales, culturales del territorio de la costa de la comuna de La Higuera, donde se han sumado diferentes representaciones de las tres provincias de la Región de Coquimbo, además de representantes electos, como senador, diputados, consejeros regionales, para manifestarse en un voto político con respecto a un rechazo al proyecto portuario Minera Dominga, por la devastación que pueda hacer de la fauna terrestre y marítima. Este proyecto nefasto Dominga, que ha nacido desde la corrupción desde el primer Gobierno de Piñera, no puede ser validado por el Comité de Ministros, y es por eso que respaldo este voto político que se ha generado a partir de las propuestas ciudadanas de la Mesa Rural campesina, es por eso que decimos claramente No A Dominga .
Estuvimos en Ovalle en reunión con la Mesa de Desarrollo Rural, que considera a las tres provincias de la Región de Coquimbo, abordamos temas muy diversos, entre ellos la petición que hay de los pequeños regantes de que se pueda aplazar la entrada en vigencia del nuevo Código de Aguas para hacer la inscripción del registro de los derechos de agua, dado que para los pequeños agricultores es un trámite que tiene un costo económico elevado, y si no están inscritos pueden perder su derecho. Nos hemos comprometido a buscar una solución legal los diputados y yo como senador. También surgió una propuesta que yo respaldo plenamente de un voto político que hizo esta mesa de Desarrollo Rural, rechazando el proyecto minero y portuario Dominga por el impacto que tiene en el medioambiente, en las comunidades del entorno y también por los efectos de la contaminación, nos parece que esto es muy importante, porque es un rechazo del mundo rural al proyecto minero Dominga, que afecta a la comunidad de Los Choros, que rompe el acuífero que les permite sobrevivir, que contamina el borde costero, donde hay un ecosistema único, que perjudica a las comunidades de pescadores artesanales que viven de su actividad y que en general implica un daño en la calidad de vida por el polvo, la polución que genera este mega proyecto minero.
Lerticia Ramírez, presidenta del Consejo Regional Campesino de la Región de Coquimbo. En el caso del consejo regional campesino nosotros tenemos en nuestra declaración de principios claramente definido cuál es nuestra posición ante proyectos que sean tremendamente invasivos y que afecten generalmente a las personas más vulnerables y a los campesinos y campesinas.
Es la posición de nosotros respecto a cómo se hacen las inversiones en el país, nosotros decimos que tiene que ser altamente respetuoso con el entorno del territorio y eso no se está dando, por lo tanto el voto político es para hacerle la observación al Estado, a los tomadores de decisiones de las inversiones, que son tremendamente invasivas en el territorio.
Es un hito la mesa de desarrollo rural, este es un momento muy importante, uno de los más delicados que vivió la mesa, cuando el director nacional de Indap, Aritzía, la dio por terminada.
Hoy la inasistencia por parte de la cabeza del Gobierno Regional nos afecta, pero nos avocamos principalmente hoy día a la afectación que se está provocando a las aguas en el catastro público, nosotros percibimos una cantidad importante de dificultades porque los campesinos no saben hacer el trámite y recurren a abogados, operadores , entonces los costos son muy altos. Lo que se necesita es una regulación de las tarifas que hoy día son abusivas en muchos casos.
El senador de la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, explicó que la fórmula que usará el Ejecutivo para eximir del pago es mediante “un proyecto de ley que va a tener una tramitación muy rápida durante el año 2023 para asegurar y establecer en términos legales la eximición de los comités de Agua Potable Rural del cobro del IVA”.
El legislador, quien defendió los intereses expuestos por representantes de los APRs de las tres provincias de la región, valoró que esta respuesta responde a “una necesidad tremenda para tener certeza de que no vamos a tener la amenaza de que ejecute un cobro que obviamente repercutiría en un alza en el valor de los APR, entendiendo que el acceso al agua es un derecho humano y que el Estado debe apoyar donde hoy día ese derecho humano no está garantizado, como es el mundo rural”.
Mientras se tramita el mencionado proyecto de ley, el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, informó durantre la sesión de la comisión de Hacienda la prórroga de la entrada en vigencia de la mencionada normativa hasta el 30 de noviembre de este año.
“Tenemos claridad que hasta noviembre del año 2023 no hay ningún tipo de cobro de IVA a los APR y esto va a quedar totalmente resuelto una vez que aprobemos una ley del ejecutivo para poder establecer que ellos no pagan IVA”, agregó el parlamentario.
Por otro lado, durante este mes de enero se concretará una mesa de trabajo con las dos organizaciones nacionales de agua potable rural, Fenapru y APR Chile, con el fin de que el mencionado proyecto del ley responda a los requerimientos de las organizaciones y de los mismos usuarios.
