Hasta la Corte de Apelaciones de La Serena llegó la diputada Nathalie Castillo, acompañada por vecinos y vecinas del sector Cerrillos, en Pan de Azúcar, comuna de Coquimbo, para presentar un recurso de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la Región de Coquimbo, acusando una vulneración al derecho a la vida e integridad física de los habitantes debido al colapso de la planta de tratamiento de aguas servidas que opera en el lugar.
La acción judicial se fundamenta en la omisión del SERVIU de adoptar medidas que garantizaran la adecuada administración y mantención de la planta de tratamiento que presta servicio a la población Cerrillos Joven. Esta situación ha derivado en el rebalse del sistema sanitario, generando una grave afectación ambiental y sanitaria para las familias del sector.
Según se detalla en el recurso, los episodios de rebalse comenzaron durante febrero de este año y se agravaron en marzo, persistiendo hasta la actualidad. La situación ha provocado emanación de gases, malos olores y daños en las instalaciones sanitarias de los domicilios, afectando directamente la calidad de vida y la salud de los vecinos.
“Después de semanas de denunciar esto a la opinión pública, a las autoridades, no hemos tenido respuesta y cumplimos con llegar a la Corte de Apelaciones a presentar este recurso de protección por la vida, por el derecho a la salud y para evitar que colapse mucho más esta planta en Cerrillos”, dijo Castillo.
Para la parlamentaria, la omisión del SERVIU constituye una vulneración de garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1 y N°8 de la Constitución, particularmente el derecho a la vida e integridad física y psíquica de las personas, así como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
El recurso se dirige contra el servicio debido a que el propio organismo ha reconocido que el inmueble donde se emplaza la planta forma parte de su patrimonio. A ello se suma que la infraestructura sanitaria nunca fue entregada formalmente en comodato ni cuenta con un mecanismo de administración regularizado. Según se señala en la presentación judicial, esta situación constituye una omisión arbitraria y contraria a los principios de juridicidad, coordinación y eficiencia que deben regir la actuación de los órganos de la Administración del Estado.
“Es importante que las autoridades tomen conciencia de este Recurso de Protección en contra del SERVIU, que debe hacerse responsables de la planta que hoy día tiene a más de decenas de familias en situación de riesgo sanitario. Esperamos también que el municipio de Coquimbo se pronuncie y les pueda solucionar la situación”, complementó Castillo.
La construcción de la planta se remonta al proyecto habitacional que permitió la entrega de 77 viviendas durante el año 2014. Sin embargo, desde entonces la operación y mantención del sistema ha sido asumida por la propia comunidad, sin que exista una resolución, convenio o instrumento formal que establezca claramente quién debe administrar la infraestructura sanitaria.
Cabe señalar que durante 2017 ya se registró una emergencia similar, la que debió ser enfrentada mediante el uso de camiones limpiafosas y reparaciones de carácter transitorio.
A través de este recurso de protección, se solicita que se ordene la adopción de todas las medidas necesarias para poner término a la situación de riesgo sanitario y ambiental que afecta a los habitantes de la localidad, además de implementar un plan de acción que contemple medidas inmediatas de mitigación y garantice el adecuado funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas servidas.
