La aprobación del instrumento fue calificada por consejeros y representantes del mundo campesino como un hecho histórico, por ser la única región del país en contar con una Política Regional para el Desarrollo Rural.
Tras 10 años de espera, comunidades rurales de la Región de Coquimbo tienen la posibilidad de ver cumplido el anhelo de contar con una Política Regional de Desarrollo Rural, aprobada hace más de 10 años por el Consejo Regional. Esto, porque luego de un exhaustivo análisis por parte de las propias comunidades rurales y el aporte de la academia, a través de la Universidad de La Serena, el Consejo Regional, en su última sesión aprobara por unanimidad la estrategia para la implementación de dicha política, propuesta por la Mesa Regional de Desarrollo Rural.
La consejera Tatiana Castillo, presidenta de la comisión de Fomento Productivo, Ciencia, Tecnología e Innovación del CORE, señaló que
“por más de una década la vida rural ha estado a la espera de una política pública que vaya en beneficio de la gente que tan mal lo ha pasado. La vida rural no solo es el campesino, la vida rural también se ve reflejada en las caletas, en la pequeña minería. Ahora se logró, después de tanto tiempo trabajando en mesas para poder decir que tenemos una política regional de desarrollo Rural”.
Agregó que
“este Consejo Regional, después de mucho tiempo de conversaciones, análisis y revisiones, y de estar en terreno, logra la participación ciudadana para poder llegar a esta implementación en la que se considerarán tres instrumentos del Estado: programa de infraestructura rural de desarrollo territorial, un convenio de programación y una política de localidades aisladas. La ruralidad no es sinónimo de pobreza, no tiene por qué serlo, por lo tanto, se debe trabajar codo a codo, con la conciencia de que tenemos un escenario diferente, el cambio climático que no nos da tregua”, afirmó la consejera.
La Política Regional de Desarrollo Rural, aprobada por el CORE el año 2010, cuenta con 6 ejes estratégicos que deben estar reflejados en su implementación: participación ciudadana; recursos naturales y medioambiente; desarrollo económico; infraestructura básica y productiva y finalmente servicios fundamentales.
Instrumentos de la estrategia
Los tres instrumentos del Estado que formarán parte de la estrategia de implementación aprobada por el CORE son los siguientes: el Convenio de Programación para dirigir la inversión de los distintos sectores en los territorios, los que deben ser firmados por los ministerios, municipios, GORE y organizaciones sociales; el Programa de infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT), que tiene como objetivo proveer de Infraestructura a localidades rurales con potencial productivo, para hacer viable la Estrategia de Desarrollo del territorio; y la Política de Localidades Aisladas, que busca la equidad social que propenda a facilitar las mismas oportunidades de acceso a los servicios básicos para generar igualdad de oportunidades, obteniendo recursos para el desarrollo de cada persona de la comunidad en general.
El consejero Javier Vega, presidente subrogante del Consejo Regional, ante la ausencia de la presidenta titular, dijo que
“la aprobación de la Política Rural Campesina es un hecho histórico, que contará con un convenio de programación, que incorpora con la participación de las líneas sectoriales, las alcaldías y el Gobierno Regional. Esto es un gran paso, han sido muchos años de espera, fue el Consejo Regional que en sus inicios le da vida a esta Política Regional campesina, y hoy día, nosotros nos sentimos orgullosos de dar este segundo paso, con un convenio de programación abierto, donde hay líneas y ejes de acción, tales como medio ambiente, social, infraestructura rural que cubrirá necesidades en todo el territorio”, precisó Vega.
Indicó que como cuerpo colegiado están muy conforme de que esta política, a partir de ahora, se comenzará a desarrollar de mejor manera y para lo cual esperan que con este acuerdo se realice un trabajo coordinado con los diferentes sectores para desarrollar el mundo rural y descentralizar la región de Coquimbo.
Valoran aporte del CORE
La presidenta del Consejo Regional Campesino, Leticia Ramírez, compartió la opinión de los consejeros, en el sentido que se trata de un hecho histórico para el campesinado regional, y por lo mismo valoró y agradeció al pleno del Consejo Regional la empatía que ha tenido con la propuesta de la Mesa Regional de Desarrollo Rural.
“Estamos muy agradecidos y valoramos la disposición que presenta hoy día este cuerpo colegiado, puesto que hay muestras de tener una especial empatía con el mundo rural, cuando nos aprueban el FNDR para darle continuidad a un programa piloto que con recursos internacionales pudimos ejecutar para la restauración hidrológica y forestal en el territorio. Y no podía ser de otra manera, es una tremenda comprensión y valoración y estamos disponibles la gente del territorio rural para hacer las intervenciones que sean necesarias, entendiendo que este contingente es el que va a colaborar y va a contribuir para restaurar los acuíferos, que es una cuestión tan sentida”, argumentó la dirigente.
La dirigente insistió también en la necesidad de darle valor a los caminos rurales que no han sido enrolados. “Nosotros tenemos que decir que es una cuestión fundamental, porque si los caminos no están en condiciones, difícilmente van a poder llegar los camiones con el agua a los distintos sectores en nuestros territorios. Estamos muy agradecidos, y disponible para trabajar en las comisiones que correspondan y darle un ordenamiento y hacer que funcione este instrumento que es único en el país”, puntualizó.
Implementación de la propuesta
La propuesta de implementación de la Política Rural comenzó a ser trabajada desde el año 2014 a través de una consultoría con la Universidad De La Serena, la que propuso para la elaboración un convenio de programación, que debe ser firmado conjuntamente entre ministerios, GORE y municipios y organizaciones sociales.
Los componentes de este convenio serían la implementación de una oficina de tierra y agua; un programada de participación ciudadana; un programa de infraestructura y la producción e implementación de oficinas de gestión de servicios.
También propone que el financiamiento e implementación de este convenio de programación se podría realizar a través de un Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT), con el cual se posibilita la inversión en sectores rurales semi concentrados y dispersos, a través de una cartera integrada de proyectos, lo que viabiliza la inversión donde habitualmente los proyectos en forma independiente no podrían materializarse.
