Entre las iniciativas impulsadas por la diputada destacan las modificaciones al Código de Aguas, la rebaja en las cuentas electricas de los APR, proyectos en materia de derechos humanos y sanciones más severas por robos en jardines y escuelas. Además, logró incorporar a las víctimas de la dictadura en la reforma que amplía la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Durante más de tres años de legislatura, la diputada por la Región de Coquimbo, Nathalie Castillo, ha consolidado un trabajo reconocido por organizaciones sociales, autoridades locales y vecinas y vecinos, gracias a su compromiso, cercanía territorial y labor constante en el Congreso Nacional. Su gestión se caracteriza por combinar una presencia activa en las comunidades con una destacada participación legislativa y fiscalizadora.
En este período, la parlamentaria ha impulsado 77 proyectos de ley, según cifras oficiales de la Cámara de Diputadas y Diputados. Entre ellos, destacan iniciativas ya promulgadas como la rebaja de la tarifa eléctrica de invierno para los Sistemas de Agua Potable Rural (APR) —una medida de alto impacto para las familias rurales frente al alza en las cuentas de luz—, aplazar la inscripción de derechos de agua, modernizando el procedimiento para su registro y la reciente aprobación del proyecto que declara el 16 de octubre como el “Día Nacional de las Bandas y Orquestas Juveniles e Infantiles, Jorge Peña Hen”, en homenaje al destacado compositor serenense.
Sobre derechos humanos y memoria, la diputada es coautora de la moción parlamentaria -recientemente promulgada por el presidente Boric- que introduce la calificación jurídica de Ausente por Desaparición Forzada y crea un registro especial.
Sin embargo, otras importantes propuestas aún esperan su avance en el Senado, como el estatuto de protección especial a periodistas y trabajadores de las comunicaciones, y la iniciativa que busca establecer una ley de cuotas para fomentar la participación de mujeres en eventos musicales masivos. Dos proyectos que reflejan el compromiso de la diputada con la libertad de prensa, la equidad de género y la democratización de la cultura. En primer trámite sigue estancado sus iniciativas de suspender la dieta de parlamentarios desaforados, reducirla cuando éstos se presentan como candidatos a la presidencia del país o en materia sindical, garantizar la negociación por rama o sector productivo y eliminar el límite de indemnización por años de servicio.
Sobre seguridad pública, la diputada integró la Comisión Investigadora sobre el robo de cables y presentó un proyecto de ley que agrava la pena para los delitos de robo en establecimientos educacionales y jardines infantiles o salas cuna. Ha impulsado la creación de una política nacional de enrolamiento de caminos y de regularización de loteos irregulares, respondiendo a las necesidades de las familias que viven en zonas periurbanas, muchas veces olvidadas por la planificación estatal.
En materia hídrica, ha propuesto consagrar constitucionalmente el derecho humano al agua, aún pendiente en Chile. Su gestión se ha sostenido en un trabajo cercano con las organizaciones comunitarias de agua, el Consejo Regional Campesino y los movimientos medioambientales de la región. Ha acompañado la defensa de los humedales y alzado la voz frente a conflictos socioambientales como los provocados por Minera Los Pelambres en Choapa o por las tronaduras en Nueva Aurora (Ovalle), que afectan directamente la salud y la tranquilidad de las comunidades.
En lo que respecta a peticiones formales al presidente de la República para que implemente alguna política pública -conocida como Solicitudes de Resolución-, la parlamentaria ha ingresado 85 durante todo este período.
Entre las más relevantes, están que los exonerados y prisioneros políticos accedan al total de la Pensión Garantizada Universal (PGU), incorporado en la Reforma de Pensiones; aumentar de 50 a 100 litros de agua diarios por persona a quienes residen en zonas con escasez hídrica, aprobado por la Cámara, promesa presidencial incluso, pero que hasta el momento no se ha implementado. Y finalmente que el Ministerio de Agricultura haga extensivo a todo el país el Programa de Manejo Sustentable de la Tierra, como estrategia de Estado para mitigar los efectos de la sequía y el cambio climático.
En su rol fiscalizador, la diputada Castillo ha enviado 494 oficios a distintos ministerios y organismos públicos, reafirmando que “no hay Estado eficiente sin fiscalización ni respuesta a las demandas ciudadanas”. En las comisiones de Recursos Hídricos, Cultura y Relaciones Exteriores -y anteriormente en la de Mujeres y Equidad de Género-, ha contribuido a elevar el nivel del debate legislativo, evitando el populismo y priorizando siempre el interés público.
Convencida de que la política se construye desde y con las comunidades, Nathalie Castillo llegó al Congreso con la firme idea de democratizar los espacios institucionales. Su trabajo legislativo, su presencia permanente en las tres provincias y su compromiso con las causas regionales reflejan una gestión coherente, transparente y profundamente territorial.
