La diputada Nathalie Castillo ingresó un proyecto de ley que establece una agravante para quienes cometan delitos de robo, hurto o receptación en establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cuna administrados por organismos públicos o que reciban financiamiento estatal.
La medida busca reforzar la protección de estos espacios, garantizar la continuidad de sus funciones y resguardar el interés superior de la niñez.
La iniciativa surge tras la ola de delitos que han afectado a distintos establecimientos educacionales de la Región de Coquimbo. En particular, el Jardín Infantil Botoncitos del Valle, en Las Compañías, ha sido blanco de una seguidilla de robos que incluso obligaron a suspender la entrega de alimentación, un servicio esencial para la comunidad escolar. Frente a esta situación, la parlamentaria coordinó acciones con organismos de seguridad regional para prevenir nuevos hechos.
Estas gestiones también se han extendido a establecimientos bajo la administración del SLEP Puerto Cordillera, que han enfrentado hechos similares.
“Es necesario legislar sobre esta materia. Los robos en las escuelas y los jardines infantiles no han parado en el último tiempo, tampoco han pasado desapercibidos durante estos años y más allá de la pega del trabajo que han realizado desde la delegación regional, las policías, esperamos que este agravante frene este tipo de flagelos que afectan a las comunidades educativas. Esperamos que este proyecto avance para darle tranquilidad a las comunidades y también y lo más importante garantizar el derecho a la educación de las niñas y de los niño”, dijo Castillo.
El problema, sin embargo, se extiende a nivel nacional. Solo en la Región de Coquimbo se registraron 336 robos en establecimientos escolares durante 2023 y 308 en 2024, con un alza en comunas como Coquimbo, Ovalle y Salamanca. Desde la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), en lo que va del año ya se contabilizan 202 robos o actos vandálicos, en tan solo 15 servicios activos en todo el país.
El proyecto de ley busca que la respuesta penal sea proporcional al daño social que generan estos delitos. Para ello, propone modificar los artículos 447, 449 y 456 bis A del Código Penal, incorporando una agravante que permita sancionar con mayor severidad a quienes afecten jardines infantiles, salas cuna, bodegas o instalaciones anexas destinadas a la prestación de servicios educacionales o de alimentación escolar.
