Por Patricio Luco Torres
Hay muchas maneras de robarle la casa a un hombre. Una es entrar con una escritura falsa. Otra es llegar con un fusil, quemarle la puerta, destruirle el olivar y esperar que el miedo haga el resto. En Cisjordania, esa segunda manera tiene demasiadas historias que contar.
Y el mundo, mientras tanto, sigue tomando café.
El reportaje Terror colonial en Cisjordania, publicado por Le Monde diplomatique, nos pone frente a una realidad que no cabe cómodamente en los titulares de última hora. Porque no se trata solamente de colonos que atacan a familias palestinas, incendian viviendas o impiden que los campesinos lleguen a sus tierras. Se trata de una población que vive bajo ocupación y que, además, debe defenderse del terror que amenaza con expulsarla del lugar donde nació.
Imaginemos por un momento que alguien llega a nuestra casa y nos dice que ya no podemos entrar al patio. Que el agua que bebíamos ya no está disponible. Que el terreno donde trabajaron nuestros padres ahora tiene otros dueños. Que salir a buscar el pan puede convertirse en una aventura peligrosa. Y que, si reclamamos, quizá terminemos con la casa quemada.
Eso no es una metáfora. Es la vida que enfrentan numerosas comunidades palestinas en Cisjordania, según los reportajes y las denuncias de organismos humanitarios.
La colonización no siempre llega con grandes discursos ni con banderas desplegadas sobre un palacio conquistado. A veces avanza lentamente, con un puesto de avanzada, una amenaza, una agresión, una carretera restringida y una familia que termina abandonando su hogar porque ya no puede vivir tranquila.
Primero aparece el miedo. Después, el abandono. Finalmente, alguien ocupa el espacio vacío.
Y entonces los poderosos pueden decir que la gente se fue.
Qué conveniente resulta esa explicación cuando se olvida quién convirtió la vida cotidiana en una pesadilla.
En septiembre de 2026, el caso de la familia Toubassi, en la localidad palestina de Jaloud, volvió a mostrar esa contradicción. Según lo informado por Le Monde, la familia había abandonado sus viviendas tras sufrir amenazas y hostigamiento de colonos. Después de un proceso judicial que le permitió esperar el regreso, las casas fueron incendiadas.
Uno puede imaginar el tamaño de la impotencia: acudir a los tribunales, esperar que la justicia haga su trabajo y descubrir que una resolución favorable no basta para impedir que las llamas devoren lo que alguna vez fue el hogar.
¿De qué sirve el derecho cuando una familia no puede regresar a su casa? ¿Qué significa la justicia si el papel sobrevive, pero la vivienda termina convertida en cenizas?
No hay respuesta tranquilizadora para esas preguntas.
Y aquí aparece el asunto que muchos prefieren esquivar: la responsabilidad de las autoridades. No basta con identificar a quienes golpean, amenazan o incendian. También hay que preguntar qué hacen las instituciones para impedirlo, investigar los delitos, proteger a las víctimas y garantizar que las decisiones judiciales se cumplan.
Porque cuando la violencia se repite y las familias siguen perdiendo sus tierras, la discusión deja de ser exclusivamente policial. Se convierte en una discusión sobre el poder, la ocupación y el futuro de un territorio.
Llamar colonial a este proceso no es utilizar una palabra para adornar una consigna. Es plantear una pregunta histórica: ¿qué sucede cuando una población pierde progresivamente el control sobre su tierra mientras otra amplía sus asentamientos y su presencia territorial?
La palabra incomoda, claro. Las palabras que incomodan suelen terminar acusadas de exageración, especialmente cuando describen una realidad que algunos prefieren no mirar.
Pero los olivos no entienden de propaganda. Las casas quemadas tampoco. Una familia que abandona sus animales, sus herramientas y los recuerdos de sus muertos no necesita un seminario de geopolítica para saber que está perdiendo algo más que una propiedad.
Está perdiendo su mundo.
Mientras tanto, la comunidad internacional produce declaraciones, convoca reuniones y expresa preocupación. La diplomacia tiene sus ceremonias, sus corbatas y sus frases cuidadosamente planchadas. La gente desplazada, en cambio, necesita una casa donde dormir y la certeza de que no tendrá que escapar durante la noche.
La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de julio de 2024, concluyó que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilícita. Sin embargo, entre las resoluciones internacionales y la vida de las personas existe una distancia que no se mide en kilómetros, sino en derechos que todavía no pueden ejercerse plenamente.
No se trata de confundir a toda la sociedad israelí con los colonos violentos ni de desconocer el sufrimiento de los civiles israelíes. Se trata de exigir que los hechos sean examinados sin privilegios, que la protección de los civiles no dependa de su nacionalidad y que el derecho internacional no sea una herramienta que los poderosos invocan solamente cuando les conviene.
Porque ningún pueblo debería necesitar permiso para existir en su propia tierra.
A veces pienso que el mundo se ha acostumbrado demasiado a las fotografías del horror. Vemos una vivienda destruida, un niño cubierto de polvo, una mujer mirando los restos de su cocina, y después deslizamos el dedo por la pantalla para buscar el resultado de un partido o la oferta de un supermercado.
La tragedia dura lo que tarda en aparecer la siguiente noticia.
Quizá por eso hay que insistir. Escribir. Nombrar a los responsables cuando los hechos están documentados. Preguntar quién se beneficia de la violencia y quién termina pagando sus consecuencias.
No porque la escritura pueda apagar un incendio. No soy tan ingenuo. He vivido lo suficiente para saber que las palabras no siempre detienen a los hombres armados. Pero también sé que el silencio puede convertirse en una forma miserable de complicidad.
Cisjordania no necesita nuestra lástima de domingo. Necesita protección efectiva para sus comunidades, investigación de los ataques, cumplimiento de las resoluciones judiciales y el fin de las prácticas que expulsan a las personas de sus hogares.
Porque hay una obscenidad difícil de soportar: que un ser humano tenga que demostrar una y otra vez que tiene derecho a vivir donde ha vivido su familia durante generaciones.
Al final, el colonialismo deja una pregunta clavada en la puerta de cada casa amenazada: ¿quién tiene derecho a quedarse y quién tiene el poder de expulsar?
Y mientras esa pregunta siga respondiéndose con amenazas, incendios y desplazamientos, no habrá declaración diplomática capaz de convertir la injusticia en paz.
La tierra no habla. Los olivos tampoco. Pero cuando una familia es obligada a marcharse, ambos quedan allí, como testigos silenciosos de lo ocurrido.
Y los testigos, tarde o temprano, terminan contando la historia.
