La diputada Nathalie Castillo presentó un proyecto de ley que busca extender la vigencia de la Ley N° 20.234 hasta el año 2035, con el fin de continuar el proceso de saneamiento y regularización de loteos y asentamientos irregulares en el país.
Actualmente, la normativa rige hasta 2025 y solo contempla asentamientos materializados hasta el 31 de diciembre de 2018. La propuesta modifica ese plazo, permitiendo que también se consideren los asentamientos constituidos hasta el 31 de diciembre de 2023.
El objetivo es que los municipios y los distintos órganos del Estado puedan abordar de manera efectiva los asentamientos surgidos después de la fecha de corte, avanzando hacia una real integración urbana y asegurando a las comunidades, en el mediano y largo plazo, el acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable y alcantarillado.
“Sabemos que la pandemia y la falta de una política habitacional oportuna han generado un aumento significativo de campamentos y loteos irregulares en todo Chile, y particularmente en la Región de Coquimbo. Muchas familias quedaron fuera de la ley vigente solo por una fecha de corte, lo que es injusto. Este proyecto busca dar certezas y soluciones reales a esas comunidades”, señaló la parlamentaria.
La iniciativa define como asentamientos irregulares a aquellos loteos que presentan dificultades planimétricas o normativas. La moción parlamentaria se sustenta en tres ejes: regularización, provisión de infraestructura y una política habitacional inclusiva.
Castillo destacó que la prórroga no implica dejar el procedimiento abierto de forma indefinida, pues ello podría fomentar la especulación inmobiliaria y nuevas irregularidades:
“Lo que buscamos es equilibrar la urgencia de miles de familias que necesitan una solución habitacional, con la responsabilidad de avanzar hacia una planificación urbana más ordenada y justa. Es clave proteger la ruralidad, reconocer los nuevos villorrios periurbanos y garantizar que todas las familias tengan derecho a un barrio digno y seguro”, afirmó.
Erika Rojas, asesora del Comité de Emergencia de Alfalfares en La Serena, destacó que la presentación de este proyecto —en cuyo diseño colaboró— y su eventual aprobación en el Congreso permitirá dar respuestas concretas a miles de familias de la región y del país que han sido víctimas de la especulación del suelo,
“aprovechándose de la necesidad de millones de familias de contar con una vivienda o un terreno donde construirla”.
“Este proyecto de ley busca entregar una solución definitiva a muchas familias en Chile que esperan acceder a la urbanización. Es impresentable que, viviendo en la misma ciudad, existan familias sin agua potable, sin alcantarillado ni energía eléctrica”, agregó Rojas.
Asimismo, valoró el rol de la diputada Castillo en la implementación de una solución hídrica de emergencia para los vecinos de la Parcela 33 de Alfalfares, reconociendo en ella un compromiso real por regularizar los terrenos y mejorar las condiciones de vida de las familias, no solo en este sector de La Serena, sino también en diversas comunas de la región de Coquimbo que enfrentan una situación similar de irregularidad.
Finalmente, la diputada recalcó que en la región este tema es de primer orden para muchas comunidades, donde la falta de planificación, la escasez hídrica, la migración y la presión demográfica han acelerado el fenómeno. “No podemos cerrar los ojos frente a esta realidad. Conocemos de estos sectores, los visitamos habitualmente, trabajamos y gestionamos junto a las dirigencias. Por eso, extender este plazo hasta 2035 es una medida de justicia social y de responsabilidad pública”, concluyó.
