Corría agosto del año 2022 y la comunidad se enteraba a través de la prensa que un joven estudiante de séptimo básico del colegio Francisco Coll de la comuna de La Serena fue suspendido de clases e incluso se le prohibió continuar sus jornadas vía telemática. ¿La razón? El rechazo del colegio al largo de su cabellera.
El hecho causó polémica e indignación y desde entonces, la familia inició un largo recorrido en busca de justicia que comenzó con el ingreso de una denuncia ante la Superintendencia de Educación.
“Lo pasamos muy mal como familia en aquella oportunidad, ante tamaña injusticia, donde profesionales que dirigen un establecimiento educacional vulneran los derechos de un menor de edad, la educación, sin respetar su identidad y cosmovisión”, recuerda Heriberto Solano Jorquera, padre del joven.
La diputada Nathalie Castillo ha seguido de cerca y desde un comienzo el caso. Junto con manifestar que lo ideal es no judicializar este tipo de casos -sino que aplicar las herramientas que la institucionalidad educacional entrega-, la parlamentaria recalcó la claridad de la ley respecto a que estos casos no pueden seguir ocurriendo en ningún tipo de establecimiento.
“Es importante que se puedan ceñir a la normativa vigente”, señaló la congresista.
La superintendencia por entonces explicó a través de un comunicado que
“los establecimientos no pueden condicionar el ingreso o la permanencia de un estudiante al hecho de determinar corte o tinturado de pelo, como tampoco por no cumplir con el uso del uniforme escolar”. La seremia Educación se refirió en los mismos términos, destacando que ningún reglamento interno se encuentra por sobre la Ley de Inclusión Escolar (n°20.845).
Casi 3 años después la acción que inició su padre, hoy tiene resultados: el establecimiento recibió una multa de $8.706.680, monto desconectado de la subvención estatal que recibió el colegio en el mes de marzo.
Así lo resume Solano: “Después de casi tres años, el establecimiento fue sancionado. Nosotros estamos a la espera de las disculpas públicas que decretó el juzgado (de Familia) en dos oportunidades, como una manera de reparar la discriminación arbitraria a la que fuimos víctimas. Queremos agradecer a todos a quienes nos ayudaron, en especial a la diputada Nathalie Castillo, que nos brindó apoyo y nos contuvo”.
“Esta sanción debe ser ejemplar para todos los establecimientos de básica, media y superior. Las gestiones que hemos realizado para que esto suceda nos parece que son positivas; también creemos que es importante que la fiscalización oportuna de parte de la superintendencia es clave para que estos hechos no vuelvan a ocurrir y también no tengamos que ser testigos de desenlaces que no son gratos para todas las comunidades y para las familias principalmente”, complementó la parlamentaria.
“Al fin respiramos aires de justicia”, cerró el padre.
