
La diputada Nathalie Castillo de la región de Coquimbo criticó la falta de apoyo transversal en la Cámara de Diputadas y Diputados para convocar una Sesión Especial que evalúe las graves dificultades en la implementación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, creados tras el cierre del SENAME.
La iniciativa, ingresada en junio de 2024, sólo ha reunido 23 patrocinios de los 51 necesarios.
“Evidentemente tenemos una molestia y también una preocupación de cuando los diputados y diputadas de todos los partidos políticos, de todas las bancadas, no firman una petición de Sesión Especial para citar al gobierno y entregue información en la implementación de dos servicios tan importantes que cuidan a las niñeces, infancias, adolescencias y jóvenes de nuestro país, como son las instituciones que forman parte del ex Sename”, recalcó.
Desde que asumió la legislatura, la diputada ha manifestado su preocupación por el bienestar de los NNA en protección del Estado, fiscalizando a las instituciones a través de oficios y requerimientos ante la Contraloría General de la República. Este último lo ingresó en enero de este año, para que el organismo recabe información sobre los procesos de licitación entre el servicio y Organismos Colaboradores Acreditados (OCas) de la región de Coquimbo.
“Los casos que han sucedido en el último tiempo debe llamarnos la atención, pero también la responsabilidad cuando se trata de fiscalizar a entidades donde se violan los derechos humanos de los niños y las niñas. Hay vulneraciones constantes; hay muertes y situaciones irregulares que están sucediendo a vista y paciencia de todos y lamentablemente solo los medios de comunicación han dado a conocer”, complementó
Finalmente, la parlamentaria reiteró el mensaje, señalando que “llamamos a los diputados y diputadas de todos los sectores políticos que puedan dar curso a esta firma y así lograr las 51 firmas que se requieren y que solamente tenemos 23 en todo estos meses de solicitar de manera insistente que puedan colaborar, contribuir por el bien de los niños y niñas de Chile”.
Durante el último tiempo la opinión pública ha sido testigo de numerosos casos de irregularidades en estos servicios, que van desde problemas en la operatividad institucional, así como una serie de denuncias sobre vulneración de los derechos humanos de los niños en custodia y resguardo del Estado.