En la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputadas y Diputados se conectó a través de la plataforma Zoom la dirigenta Leticia Ramírez, presidenta del Consejo Regional Campesino e integrante de la Mesa Rural de la región de Coquimbo. La invitación extendida por la diputada del distrito, Nathalie Castillo, se fundamenta por las observaciones de las organizaciones respecto al Catastro Nacional de Aguas y las dificultades que implicaría su aplicación para el sector rural.
“Nos parece una medida necesaria, no obstante, creemos que los plazos son inviables y deben modificarlas. También consideramos que los procedimientos establecidos son incoherentes a las medidas que se supone el Catastro debe servir”, señaló la dirigente.
Lo que indican desde la Mesa Rural –una instancia tripartita destacó Ramírez- es que el plazo de 18 meses es inviable para realizar los trámites correspondientes, salvo para usuarios INDAP y comunidades indígenas (con certificado) que tienen 5 años.
“Nos preocupa fundamentalmente la masa campesina no usuario de INDAP y de comunidades indígenas. Hemos podido contactar –releva- que en la región hay al menos 6 mil unidades campesina no usuarias de INDAP y que son residentes de zonas alejadas, con envejecimiento y de analfabetismo digital”, subrayó Consuelo Infante, integrante de ambas organizaciones.
Este último aspecto les preocupa a las dirigentes puesto que, a 10 meses de la promulgación de la ley, el trámite es 100% online, se necesita clave única, correo electrónico, entre otras técnicas digitales que, reforzaron las dirigentes, la población campesina no cuenta.
Unas de las propuestas de la organización es contratar personal suficiente en la Dirección General de Aguas para hacer el catastro sobre la base de información que poseen los conservadores; disponer de profesionales jurídicos por provincia para evitar tratos abusivos y negligencias; prorrogar los plazos atendiendo la demora de los procesos y trámites; y exigir a los conservadores que escriban al margen de la escritura, “la inscripción de los derechos en el catastro, de manera automática y gratuita, sin necesidad de concurrencia de los titulares”.
Finalmente, la diputada Castillo, al término de la exposición, destacó que este es “un primer paso para avanzar en un diagnóstico. Los plazos no están y eso es bueno aterrizarlo en un proyecto. Nos ponemos a disposición como Comisión para hacer una prórroga, un aplazamiento en la aplicación de la ley”
