El proyecto propone que los monocultivos forestales y agrícolas a gran escala ingresen obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con el fin de prevenir incendios forestales y resguardar el uso de los suelos y el recurso hídrico, en un contexto de mega sequía que afecta al país.
La diputada Nathalie Castillo reiteró la urgencia de avanzar en la tramitación del proyecto de ley ingresado en 2024, de su autoría, que busca regular los monocultivos forestales y agrícolas, estableciendo su ingreso obligatorio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), frente al creciente riesgo de incendios forestales, la degradación de suelos y la escasez hídrica que afecta a los territorios.
La iniciativa, presentada en marzo de 2024, modifica la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objetivo de que el Estado evalúe de manera previa los efectos ambientales de los monocultivos, considerando especialmente su impacto en el uso del suelo, el consumo intensivo de agua y la seguridad de las comunidades, en un escenario de mega sequía prolongada.
“Es evidente que la expansión desregulada de monocultivos está profundizando la crisis hídrica, empobrece los suelos y aumenta los riesgos de incendios.. Con una mega sequía que golpea a gran parte del país, esta regulación es muy urgente y esperamos que se ponga vez en tabla pensando en la prevención, en la promoción y no en la reparación después de hechos tan catastróficos como los que hemos vivido los últimos años y en este caso particular en la región de Biobío”, señaló la diputada..
La parlamentaria advirtió que la homogeneidad de especies, la alta carga de material combustible y la ausencia de una planificación territorial adecuada convierten a los monocultivos en un factor que facilita la propagación del fuego, mientras que su demanda intensiva de agua agrava la disponibilidad del recurso para consumo humano, sistemas de Agua Potable Rural (APR) y la agricultura familiar campesina.
Asimismo, Castillo recalcó que este modelo productivo deteriora la calidad de los suelos, reduce su capacidad de retención hídrica y debilita la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático, profundizando la vulnerabilidad de los territorios rurales.
“Regular los monocultivos no es estar contra la producción, es resguardar el uso del suelo, proteger el agua y prevenir desastres. No podemos seguir reaccionando cuando las emergencias ya ocurrieron; necesitamos políticas públicas con enfoque preventivo y de justicia ambiental”, enfatizó.
Finalmente, la diputada hizo un llamado a avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado, que incorpore estándares ambientales exigentes, una planificación territorial responsable y el resguardo del agua como bien esencial para la vida, especialmente en un país que enfrenta una de las sequías más prolongadas de su historia.
