Desde hace varios días, las y los funcionarios de la salud agrupados en la Asociación de Enfermeros y Enfermeras (ASENF) de los hospitales de La Serena, Coquimbo y Ovalle se mantienen en una movilización de carácter indefinido, denunciando la falta de avances en el proceso de normalización de grados comprometido por el Servicio de Salud Coquimbo. Se trata de un conflicto que se arrastra desde hace tiempo y que, hasta el momento, no muestra señales de solución ni de término de la paralización.
A esta crítica por la ausencia de avances en la normalización de grados, se suma la movilización del Departamento de Pediatría del Hospital de Coquimbo, motivada por graves problemas de infraestructura —como la insuficiencia de camas disponibles— y la falta de especialistas para la internación y atención de pacientes en crisis de salud mental. Esta situación afecta no solo a dicho recinto, sino que se extiende a toda la red regional.
Sin embargo, un elemento que no contribuye a destrabar el conflicto es la posibilidad de descuentos salariales para las trabajadoras y trabajadores que no están ejerciendo sus funciones debido a la movilización. Frente a esta situación, la diputada Nathalie Castillo expresó su preocupación, coincidiendo con el diagnóstico sobre lo que ocurre al interior del Hospital de Coquimbo. La parlamentaria ha impulsado oficios y solicitado una intervención urgente del Estado en materia de financiamiento, y considera especialmente inquietante las advertencias de rebajas salariales.
“Nos parece preocupante es que hoy se tenga como una advertencia y se esté normalizando que la paralización de trabajadores y trabajadoras quienes buscan calidad de vida, mejores condiciones para las personas de esta unidad sensible, unidad infanto-pediátrica de salud mental y juvenil en el Hospital San Pablo y en otros sectores y establecimientos de la red pública de salud de la región de Coquimbo vean su sueldo, su remuneración amenazada”, enfatizó.
“Nos preocupa, nos alerta y vamos a seguir el curso de esta movilización porque es por el bien de las personas, por el bien de los niños y las niñas, por el desarrollo de ellas y de sus familias. Por lo tanto, creo que es injusto y es preocupante que la autoridad actúe bajo la idea del garrote y no de poder dar soluciones integrales a una cuestión que los trabajadores y las trabajadoras están alertando por tanto, tanto tiempo”, agregó.
La diputada también recordó que la Excelentísima Corte Suprema ha emitido fallos que declaran ilegales y arbitrarios los descuentos salariales a funcionarios de salud en movilización. Asimismo, destacó un reciente fallo en que el máximo tribunal acogió un recurso presentado por la CONFUSAM, ordenando una fiscalización urgente a la Corporación Gabriel González Videla de La Serena y al Servicio de Salud en los establecimientos de atención primaria de la comuna.
